Ángel Ron y Emilio Saracho, expresidentes del Banco Popular, sus respectivos consejos de administración y PwC, tendrán que hacer frente a la causa abierta en su contra por administración desleal y falsedad societaria.
Los fondos de inversión Pimco, Anchorage, Algebris, Ronit Capital y Caim Capital se unieron y presentaron en septiembre del pasado año un recurso contencioso administrativo contra el FROB por su actuación en la venta y resolución del Banco Popular, donde se calcula que habían invertido 850 millones de euros. Estos fondos han optado por unirse a las diferentes querellas donde se denuncian delitos de falsedad contable de estados financieros, fraude a inversores, manipulación del mercado y posible abuso de información privilegiada en Banco Popular.
Quinn Emanuel, socio principal del bufete, ha aclarado en una nota que «los querellantes desean ser informados y colaborar en esta investigación para determinar la existencia de falsedades en el proceso».
Por su parte, el titular del juzgado central de instrucción 4, Fernando Andreu, acordó en su día la apertura de dos piezas separadas, la primera de ellas por la ampliación de capital de 2016 y la segunda por una presunta manipulación de mercado tras publicarse una serie de noticias con datos e información presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.
El juez distingue dos etapas, la primera con Ron como presidente, periodo bajo el cual se investigaría la ampliación de capital por valor de 2.505 millones de euros, y la segunda, ya con Saracho al frente, en la que se ha habría producido una campaña de desprestigio con la publicación de noticias, hecho que podría constituir un delito de manipulación de mercado.
Tras la resolución de la entidad, el Banco Popular fue vendido al Santander al precio de un euro.