Tanto el ministerio de trabajo como los agentes sociales se han emplazado a una reunión para discutir sobre las condiciones que deben tener los repartidores a la hora de sacar una ley que regule su situación laboral
El modelo de trabajo desarrollado por las empresas de reparto a domicilio como Glovo, Deliveroo o Uber Eats está en entredicho. Los repartidores, que para trabajar para estas empresas deben establecerse como autónomos, empleados independientes a la misma, llevan años batallando por sus derechos. Al fin parece que sus demandas han sido escuchadas.
La batalla legal que han mantenido dio con que el pasado mes de septiembre el Tribunal Supremo dictaminara que son falsos autónomos. Por tanto, se encuentran en situación irregular.
El Tribunal Supremo indicó en su sentencia lo siguiente: “Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores. Es una empresa que presta servicios de recadería y mensajería fijando las condiciones esenciales para la prestación de dicho servicio. Y es titular de los activos esenciales para la realización de la actividad. Para ello se sirve de repartidores que no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, los cuales prestan su servicio insertados en la organización de trabajo del empleador”.
No obstante, este no es el único fallo en contra de las empresas de reparto por parte de un tribunal. En el mes de enero, el TSJM falló en favor de 532 ‘riders’ de Deliveroo. Éstos se encontraban en situación de falsos autónomos.
Los derechos de los ‘riders’ en manos de Trabajo y agentes sociales
Las sentencias suponen un antes y un después en la batalla legal iniciada por los ‘riders’. Además, permite que el ministerio de Trabajo lleve a cabo la reforma de sus condiciones laborales. Este plan llevaba tiempo en la agenda de la ministra Yolanda Díaz, pero a causa del inicio de la pandemia, quedó congelado.
Ahora, tanto el ministerio de Trabajo como los agentes sociales se ponen manos a la obra. Su objetivo es el de sentar las bases para regular una situación de injusticia. Crear una ley que proteja definitivamente a los ‘riders’ y equipare sus derechos y condiciones a las de cualquier otro trabajador por cuenta ajena.